La inversión en educación está en la agenda. A partir de la aprobación en el Congreso de que el Estado destine 6% del PBI al sector educación, este tema está en primer plano. 

Es preciso despejar confusiones. Por un lado, es claro el interés político clientelar del congreso de ganar réditos y votos, el mismo que ha estado en otras normas como la devolución de fondos de la ONP, que se lanzan sin respaldo económico

Por otro lado, deslindar con estos intereses subalternos no debe ser sin embargo óbice para dejar de reconocer la legitimidad del objetivo  histórico de llegar al 6% de inversión en educación respecto del PBI, refrendado en el Acuerdo Nacional.

Es cierto que no se trata de una declaración. Se requiere hacerlo posible. No sirve un incremento del 6% discursivo, en el papel. Quienes se oponen arguyen con cierta razón que no existen fondos suficientes desde la recaudación fiscal actual. Sin embargo, esto puede cambiar si se plantea una reforma tributaria que grave a los sectores con mayores ingresos y se establece, como en otros países de Europa y América Latina, un impuesto especial a las grandes fortunas. Asimismo, será posible si se termina con la evasión y la elusión tributarias, se cobran las deudas millonarias y se eliminan las exoneraciones y subsidios tributarios de las grandes empresas. Están también los fondos a recuperar de la corrupción.

Pero quienes plantean que el esquema económico y la “república empresarial” de la que habla Francisco Durand permanezcan inalterables, no desean emprender los cambios arriba señalados y siguen regateando recursos a la educación y a la salud. Se requiere un cambio de rumbo que haga posible arribar, de manera gradual pero sostenida a esa meta nacional de incremento presupuestal.

Es necesario precisar también que asignar el 6% del PBI a educación es insuficiente si simultáneamente no se define el destino del gasto. Ya que éste puede regirse por criterios de equidad o lo contrario. Hay experiencias internacionales donde sectores que buscan lucrar o hacer negocio con la educación están de acuerdo con este incremento porque tienen ya planes y acuerdos para beneficiarse del mismo vía subsidios, modalidades de co-financiamiento o de Asociaciones Público Privadas - APP. Por ello el objetivo de alcanzar el 6% para educacion debe ir de la mano con una reforma educativa que fortalecezca la educación pública y el rol del Estado en la educación.

Los modelos de subsidio estatal a la educación privada estallaron en Chile y sobre las APP hay investigaciones que han derrumbado varios mitos sobre ellas. Ver  al respecto el Informe de David Hall, investigador experto en temas de privatización “¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas no funcionan?”, que examina y devela los procesos oscuros que salvaguardan beneficios empresariales e incluyen modalidades de soborno en la modalidad APP. Por tanto, es fundamental no sólo conseguir una asignación presupuestal mayor para educación, sino cuidar que no se la coman intereses privados o de lucro.

También se arguye que el 6% es un indicador ilusorio y que mejor es hablar de costo por alumno. Se trata de asuntos distintos. La meta del 6% sirve para reflejar y dar cuenta de la voluntad de un país en destinar recursos a la educación y es en este sentido que se usa en diversos países y en organismos internacionales. Si este porcentaje permanece estancado, entonces es claro que no existe una voluntad de cambio real del estado de cosas.

El costo por alumno, ajustado a contextos territoriales específicos es un indicador importante y complementario, pues permite ver como se destinan y reparten los recursos de modo equitativo. Hay que tener cuidado que no signifique sólo repartir miserias, es decir distribuir con criterios diferenciados fondos que siguen siendo escasos. Por ello es tan importante aumentar el tamaño de la torta educativa como distribuirla bien.

Por eso este indicador sólo tiene sentido si se define en relación al costo de una canasta educativa de calidad (para cada estudiante, según nivel, modalidad educativa y territorio). De este modo también aquí hay un horizonte, una ruta a seguir y metas que cumplir. Ya se ha hecho en Brasil y hoy está en la mesa de discusión del Perú.

Lo que es claro es que la pandemia ha develado lo contraproducente del modelo que precarizó la salud y la educación y dejó en manos del negocio privado varios de sus componentes, encareciendo el oxígeno, las medicinas y la atención hospitalaria (en salud) y segmentando por ingresos el acceso a internet, electricidad y agua en las viviendas y también en las escuelas. Emerge en contrapartida la propuesta de un Estado que garantice el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo nacional.