2018 fue un año extraordinario: se rompió el círculo de la corrupción que imperaba sin sobresaltos. En educación hubo también un hecho novedoso.

GÉNERO. Este año el Estado asumió sin ambages la defensa de la igualdad de género en la educación y en las políticas públicas. El presidente Vizcarra encabezó esta apuesta y junto al Ministerio de Educación (Minedu) defendió el currículo nacional de los cuestionamientos de grupos religiosos fundamentalistas afianzados en el Congreso y otros espacios de poder. Además, Vizcarra anunció que “comisario que no atienda denuncia de violencia contra la mujer será destituido”.

Esa decisión política respondió a la urgencia de eliminar la subordinación y salvajismo contra las mujeres y a la presión del movimiento social. Cerramos el 2018 con 143 feminicidios. El Ministerio Público informó que el 76% de las víctimas de violación sexual son niñas y adolescentes y las estadísticas de la Policía reportaron que cada día 9 niñas son violentadas sexualmente.

Otras dos medidas relacionadas fueron los “Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, y la destitución de 583 docentes y administrativos condenados o sentenciados por violación sexual. El Minedu informó que 8 de cada 10 adolescentes fueron violentados tanto en su casa como en la escuela y su data de la Amazonía (SISEVE) mostró que las mujeres son las principales víctimas. Este año se reveló el espantoso caso de 240 niñas awajún violadas en la UGEL Condorcanqui.

Otras políticas educativas no fueron tan auspiciosas. Siguieron el derrotero de siempre.

PRESUPUESTO. Seguimos lejos de la meta del 6% del PBI para educación, factible de alcanzar si hubiéramos cumplido con el incremento anual de 0,25% (Ñopo 2018). Actualmente invertimos solo 3.9%. Estamos a la cola de Sudamérica, por debajo de Bolivia (6,5%) y Brasil (6,1%). El 2018 se asignó S/ 27,430 millones a educación y se ha anunciado que el 2019 serán S/ 30.628 millones. Es un aumento inercial, consecuencia del crecimiento económico. No responde a una voluntad política de priorizar la educación. Esto último supondría una reforma tributaria que incremente los fondos públicos y que afecte a los grupos pudientes, lo que no ha ocurrido.

EDUCACIÓN PÚBLICA. Continúa en segundo plano y con signos de deterioro. Su “prioridad” se ha convertido en una frase retórica. La mitad de las escuelas (27 mil) presentan deterioro serio con alto riesgo para la seguridad del alumnado, esto tiene un costo de S/ 63 millones (Minedu 2018). El actual salario docente (S/ 2,000) es la mitad de la meta propuesta para el 2021 (1 UIT). El crecimiento explosivo de la educación privada sin regulación ni garantía de calidad, alcanzó el 50% del alumnado en Lima, Arequipa y Trujillo, siendo ya tendencia. Pese a que los colegios privados no tienen mejores resultados en rendimiento, su creación indiscriminada es permitida por la legislación .

MAGISTERIO. La carrera magisterial avanza a paso de tortuga. En el 2018 solo 9,975 maestros aprobaron el examen e ingresaron a la carrera magisterial, siendo nombrados y cubriendo la cuarta parte de plazas. Esto significa que el porcentaje de maestros contratados (39%) subirá aún más el 2019: habrá 240,000 nombrados y los contratados podrían pasar de 140,000 a 170,000. La carrera magisterial no logra afianzarse porque la formación docente arrastra déficits como resultado del abandono del Estado, y porque contratar docentes sigue siendo la opción más barata para el Ministerio de Economía. En el Perú la docencia no es una carrera de prestigio, sino la última opción. Otra medida contra la carrera magisterial es un proyecto de ley para restituir a 14,000 docentes interinos que no tienen título profesional.

ALGO MÁS

Sigue pendiente una reforma educativa a fondo, para que “la educación no sea el privilegio de quienes puedan pagarla” (Eduardo Galeano).