El próximo domingo muchos intentaremos votar por un candidato que cumpla al menos una condición: ser honesto. A nivel distrital esto es como buscar una aguja en un pajar y si la encuentras es probable que no salga elegido. 

Pero ¿saben qué es aún más difícil? Encontrar un alcalde que respete los derechos de las personas con discapacidad. Ocho de los 20 candidatos al sillón municipal de Lima no han firmado el pacto de compromiso con esta población.

Entre las competencias municipales más importantes frente a las personas con discapacidad destacan dos. Cumplir y hacer cumplir las normas de accesibilidad y asegurar los servicios de lasOficinas Municipales de Atención a la Discapacidad (OMAPED), organismos creados para mejorar la calidad de vida y la inclusión de esta población. Pero los planes de gobierno de los partidos que hoy compiten solo hablan de la primera.

Hay municipios donde los recursos destinados a las OMAPED han sido disminuidos o “redireccionados”. Según la Ley de Presupuesto 2018 los municipios están obligados a asignar hasta el 0,5% de su presupuesto para los gastos operativos, programas y servicios (ocupacionales, formativos, de cultura, deporte) que por ley deben realizar las OMAPED. Pero en muchos municipios este presupuesto parece haberse esfumado este año.

Robar es un delito, pero restar o quitarle recursos a los más vulnerables es una cobardía. A los profesores de los talleres de algunas OMAPED no les pagan hace varios meses y es inevitable especular si el dinero no se habrá ido en carteles y gastos de campañas. Hay casos donde el local municipal se está negando a los talleres habituales de la OMAPED para dar preferencia a otras actividades.

En otros distritos, la persona encargada de la OMAPED optó hace tiempo por cobrar a las familias una colaboración por cada clase (informalmente, pues la ley no lo permite) para que los talleres funcionen. En distritos de provincia nos informaron que el presupuesto de la OMAPED se habría trasladado a otros rubros.

Por ley debería existir una OMAPED por distrito pero a junio del 2016 el INEI reporta que solo hay 1030 OMAPED para 1874 municipalidades (56%), que atienden solo al 10% de personas con discapacidad. Quienes acuden a las OMAPED son en su mayoría jóvenes y adultos a los cuales el sistema educativo ya no acoge y el mercado laboral lo hace por goteo.

A los 25 años, edad en que empieza la vida de cualquier joven, al que tiene discapacidad se le cierran las puertas y oportunidades. El 77% (1.12 millones) de la población con discapacidad en edad de trabajar está “inactiva”, es decir sin trabajo o en su casa.

Medio millón de jóvenes y adultos con discapacidad podrán ir a votar el domingo, luego que el mes pasado obtuvieran este derecho (D.L.1384). Mi hijo es uno de ellos y votará orgulloso de ser considerado “ciudadano”. Ojalá no sea una ciudadanía de papel. Él y yo buscamos una aguja en un pajar.