El 3 de setiembre 1’637,000 personas con discapacidad amanecieron con una norma que les restituye derechos negados por siglos. El D.Legislativo 1384 anula el término “incapaz” reemplazándolo por personas con “capacidad plena y restringida”. Ahora todas las personas con discapacidad, incluso las que presentan deficiencia intelectual, podrán casarse, decidir con quién vivir, heredar, comprar bienes, firmar un contrato laboral, cobrar su sueldo, abrir una cuenta en el banco o percibir una pensión. 

Se anula la figura de “interdicción” por la que muchas familias de personas con discapacidad optaron y que significaba la “muerte civil”. Tuvieron que hacer un largo y costoso juicio y designar a una persona como “curador” que decida por su hijo(a), maneje todos sus bienes y administre toda su vida. Porque era la única manera de asegurar una pensión para su hijo después que ellos fallecieran. Tenían que renunciar a derechos humanos básicos para poder asegurar únicamente la sobrevivencia.

La ONP y las AFP ya no podrán exigir la “interdicción” para el otorgamiento de la pensión. Se anula además la “curatela”, reemplazándola por “apoyos y salvaguardias”. “Apoyos” son personas que brindan soporte a las personas con discapacidad y son elegidas por ellas mismas. “Salvaguardias” son medidas para garantizar el respeto de sus derechos y evitar los abusos. Se elimina el internamiento involuntario de las personas con discapacidad. Los apoyos se podrán obtener por simple trámite notarial y podrán cambiarse, a pedido (expreso, tácito y en diversos lenguajes) de la persona con discapacidad. Es una normativa de avanzada en A.Latina, donde solo Costa Rica, Argentina y ahora Perú cuentan con una legislación similar.

Ahora falta implementar la norma, pues lamentablemente muchas leyes no se cumplen. Por ej. las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad existen solo en el 62% de los municipios del país, realizan actividades marginales y son la última rueda del coche en las prioridades. Falta la reglamentación y el presupuesto de la nueva norma, para garantizar los ajustes razonables, apoyos y salvaguardias, de modo que no queden en el papel o lejanos del alcance de muchas personas con discapacidad.

El cambio más difícil es en la cultura. Reconocer y valorar la diversidad implica cuestionar el enfoque de la “racionalidad” y reemplazarlo por el de “dignidad” , como aquello que nos hace humanos y sujetos de derecho. En educación este falso supuesto se traduce en una mirada cognitivista que lleva a afirmar que el éxito de la inclusión de estudiantes con discapacidad depende de si están o no a nivel del promedio de rendimiento en las evaluaciones.

Como dijo mi hijo Diego, con Síndrome de Down: “Todos somos iguales”. Batallamos por algo tan simple como eso.