LOS OTROS PAOLOS GUERREROS DEL PERU

Diego, mi hijo con Síndrome de Down, fue hoy entusiasmado a su entrenamiento en la Escuela de Futbol de la Oficina Municipal de Apoyo a la Discapacidad (OMAPED) de San Miguel. Su equipo fue ganador en el Campeonato Inter-OMAPED-2016. Como Diego, 1 millón y medio de personas con habilidades diferentes buscan desarrollar sus capacidades en el Perú, y esto empieza desde la escuela.

El 8 de noviembre, el Estado peruano rindió el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (NN.UU). Allí se visibilizaron nuestros déficits y la flagrante discriminación que aún existe contra pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres, etc.

Frente a este escenario dramático, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales plantea que las políticas para las personas con discapacidad (PCD) deben estar acompañadas de un aumento presupuestal para garantizar el ejercicio de derechos y mejorar significativamente sus condiciones materiales de vida. A su vez, la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación sostiene que la educación inclusiva “no debería verse como una opción barata”. Tiene que garantizar formación docente, TICs y materiales adaptados, apoyo económico a las familias, infraestructura accesible, soporte a la inclusión educativa, etc.

Sin embargo, existen propuestas muy discutibles que van en otra dirección. El Banco Mundial plantea que existe un “costo de la discapacidad”que debe ser “reducido”: “pérdidas” de productividad y de ingresos por impuestos debido a que muchasPCD no trabajan, y “costos”de salud, educación, protección social y accesibilidad. Propone escuelas inclusivas con el menor costo posible: dando soporte especializado solo a “algunos” niños, dejando a la mayoría únicamente bajo la responsabilidad de docentes regulares, “auxiliares de enseñanza” y padres de familia.

Contraviniendo a lo establecido por las NN.UU, los ajustes deaccesibilidady adaptaciones dejarían de ser obligatorios y universales. Para los Estados, estos ajustes dependerían de los recursos fiscales disponibles y para los empleadores serían voluntarios (incluso su costo podría ser trasladado a lasmismas PCD). En lugar de servicios, asistencia, terapias y rehabilitación gratuitos, se promovería solo asignaciones económicas limitadas (como JUNTOS) para que las PCD contraten proveedores privados “con y sin fines de lucro”. Asimismo, en lugar de pensiones, se darían subsidios temporales o incluso créditos.

En suma, la propuesta del BM propone la reducción de los derechos de las PCD establecida en la Convención de las NN.UU. El resultado en educación sería una inclusión educativa hecha sin soporte y sin calidad. En general significaría la violación flagrante delos derechos humanos de esta población. Las personas con discapacidad no son “costos”. Son Paolos, Guerreros.