Ante un cambio de ministro entran a tallar propuestas de agenda inmediata. La particularidad del último cambio es que la discusión tiene como contexto los recientes movimientos sociales y ciudadanos que han sacudido no solo las medidas, sino sus enfoques y derrotero. 

La huelga magisterial y las movilizaciones por inclusión, igualdad y democracia, marcan un antes y un después. Quien las ignore y asuma que es posible la continuidad del modelo educativo como si nada hubiera pasado, se equivocará de cabo a rabo.

Escuchar las interpelaciones sociales “con la oreja en el suelo” debe ir de la mano con cambios sustantivos en los enfoques que tengan “la mirada en el cielo” y apunten a una discusión de los sentidos de la educación. Empecemos planteando 3 puntos.

1. Fortalecer “de a de veras” la educación pública. Los discursos sobre su prioridad ya no convencen. Se precisa un estricto y vigilado cumplimiento del incremento progresivo del presupuesto, comenzando este 2018, hasta conseguir el 6% del PBI para educación. Simultáneamente, hay que eliminar la normativa que permitió el lucro en educación y que promueve mayores incursiones del sector privado vía exoneraciones tributarias y reducción de restricciones. El Estado permisivo ante la creciente intromisión del mercado en la educación permite la agonía de la educación pública.

2. Cerrar las brechas debe ser una meta sobre la que se rinda cuentas. Los promedios de aprendizaje tampoco convencen. Esconden un inaceptable crecimiento de la brecha urbano/rural y desventajas injustas de los niños de lenguas originarias. La educación rural exige atención preferente y los avances logrados en EIB deben contar con presupuestos suficientes. Ambas requieren que se les restituya el estatus de Dirección Nacional que tenían antes.

3. Reflotar la profesión docente. El Estado ha privilegiado la evaluación por encima de la formación cuando debería ser exactamente al revés. No existe y se necesita una política nacional de formación docente, por encima del cúmulo de monitoreos amarrados a las mediciones censales (las que deben pasar a ser muestrales porque empobrecen el quehacer pedagógico); ampliar sustantivamente las plazas de nombramiento y ascenso; elevar progresivamente el salario magisterial con rendición de cuentas; y postergar la evaluación de desempeño sometiéndola a foros regionales y nacionales de discusión con maestros, que aborden sus enfoques, procesos y finalidad. No se trata, definitivamente, de un asunto de rúbricas.

La agenda educativa debe ser hoy más que nunca una construcción social. 

(*) Próximas entregas: género, medio ambiente, ética y ciudadanía, educación superior.