Son 1 millón y medio de personas en el Perú que continúan siendo desatendidas en sus derechos fundamentales. De las dos candidaturas de la segunda vuelta, la de PPK es la que plantea más propuestas para la población con discapacidad.

Incluir a esta población trae dos beneficios para el desarrollo del país: reducir la pobreza de esta población desarrollando sus capacidades e incrementando sus ingresos; y constituir una sociedad cohesionada, que valora y respeta la diferencia.

Esto no está ocurriendo. El derecho a la educación de las personas con discapacidad no está garantizado. Según la ENEDIS, hay 267,000 personas con discapacidad entre cero y 29 años. El sistema educativo atiende a sólo 62,067, es decir a menos de la cuarta parte. Hay cerca de 200,000 excluidos.   

La mayor parte de estudiantes con discapacidad debería ser atendida por los centros regulares, pero no hay metas de atención. Muchos están matriculados pero olvidados porque no se les proporciona el soporte especializado que requieren (32.895). Sólo uno de cada cuatro niños y niñas con discapacidad matriculado en un colegio regular cuenta con dicho soporte.

Los Centros de Educación Especial atienden a 16,000 estudiantes. Sólo la tercera parte de estos centros cuenta con equipos de cómputo y hardware especializado y solo el 21% cuenta con personal que domina el lenguaje de señas. Sólo uno de cada 10 colegios tiene libros hablados y únicamente uno de cada 20 tiene libros en braille.

Entre la casa y la escuela, hay más trabas. El 92.4% de personas con discapacidad no tiene certificado de discapacidad. Su derecho a la salud es muy restringido: el 38,2% de personas con discapacidad no tiene cobertura de ningún tipo y el 88% no recibe ningún tratamiento o terapia de rehabilitación. Las personas con discapacidad pertenecen a estratos pobres. El 40% de las personas con discapacidad que logra tener un trabajo tiene ingresos menores al salario mínimo y el 59% trabaja sin ningún tipo de contrato. Solo 11,6% es beneficiario de los programas sociales.

Se desplazan con dificultad porque no hay accesibilidad. Las personas con discapacidad señalan que los principales problemas en los centros educativos son la falta de servicios higiénicos adaptados, (54,9%), ascensores adecuados (51,5%), ausencia de rampas de acceso (51,4%), barandas de seguridad (49,2%) y señalización adecuada (44,6). Tampoco encuentran esto en los hospitales y centros de salud (29,3%), paraderos (23,0%), mercados (21,3%), bancos (18,8%). Además de solucionar estos problemas básicos, las políticas de atención educativa a las personas con discapacidad, tienen que ser acompañadas por políticas de disminución de la pobreza y de reducción de las brechas de desigualdad.

El reto del próximo gobierno es revertir esta situación y transformar en política de Estado lo que ahora es sólo pie de página en las prioridades.